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Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 23:29

Escrito por Alejandro Sonich

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El Jefe de la Policía Metropolitana respondió a las preguntas de diputados y diputadas. Además definieron la citación de nuevos testigos. EN el primer turno estuvo el Ministro del área Guillermo Montenegro, en otra larga jornada de la CEI.

Durante la primera hora de reunión de la CIE los diputados aprobaron una extensión del plazo para la citación de testigos que fue prorrogado hasta el 3 de diciembre. También modificaron el artículo 11 del reglamento interno de la CIE, abreviando el plazo para presentar los dictámenes finales, pasando éste de 15 a 12 días posteriores a la última jornada de testigos. Sin embargo, la fecha final para que la CIE dé a conocer sus conclusiones seguirá siendo el 15 de diciembre próximo.

Además, los legisladores aprobaron la última lista de testigos que serán convocados entre los que se encuentran la diputada nacional Gabriela Michetti; el ex Jefe de Gabinete nacional Alberto Fernández; el jefe de Seguridad de la Universidad de La Matanza Sergio Russo; el comisionado Álvarez de la PM, entre otros.

El Dr. Guillermo Montenegro, titular del ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue interrogado hoy sobre diversos aspectos vinculados a la puesta en marcha de la Policía Metropolitana -PM- en el marco de una audiencia de la Comisión Investigadora Especial -CIE- que indaga sobre las responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo en lo concerniente a esa fuerza y los hechos investigados en la causa judicial respecto a escuchas ilegales.

El eje de las preguntas formuladas por los legisladores giró en torno al conocimiento que tenía del ex comisario Jorge Palacios y el criterio empleado para su designación como primer jefe de la PM, así como también de los primeros cuadros de conducción y los motivos de algunas renuncias y las medidas administrativas adoptadas a partir del caso de espionaje en el que estuvo involucrado Ciro James.

Designación de Palacios

El ministro manifestó haber conocido "a Palacios entre los años 1980 y 1990, cuando trabajé en causas judiciales en oportunidad que desempeñaba la Secretaría Nº 5 del Juzgado Nº 2 de Morón y él era principal de la Policía Federal. Tuvimos relaciones profesionales, él estaba en la división de drogas, era instructor y yo fiscal federal".  A continuación dijo que "luego de ser sancionada la ley en el año 2008, siendo ministro tuve con él la primera entrevista, en noviembre o diciembre de ese año". Respecto a los motivos de su incorporación, al diputado Amoroso respondió que "en el diseño habían intervenido policías de la Federal y de otras fuerzas para profundizar el modelo de la ley, eran discusiones técnicas más que operativas; eran cuatro o cinco personas y si bien yo lo sugerí la decisión final fue del Jefe de Gobierno".

Entre otros antecedentes el funcionario manifestó: "Sabía que había estado en el área de seguridad de Boca Juniors, equipo al que voy a ver cada vez que juega desde la platea y donde me lo crucé varias veces; también sabía que trabajaba en la parte de seguridad de un banco". Y en cuanto a sus antecedentes penales reconoció saber que "estaba mencionado en una causa penal, imputado concretamente por la fiscalía aunque no estaba resuelta su situación", dado que el auto de procesamiento fue el 1 de octubre de 2009. Consultado sobre la frecuencia de trato, el ministro manifestó que "lo hacíamos semanalmente, los lunes, con todos los subsecretarios y cuando lo ameritaba, que podía ser dos veces por día, según el motivo". Relató haber tenido diferencias con Palacios, "hubo discusiones pero él era el conductor operativo y quedaron zanjadas por el conductor político que soy yo".

"Palacios renunció en agosto y después no tomé contacto con él", enfatizó Montenegro luego de explicar que la renuncia había sido "verbal, de un día para el otro, a través de un llamado telefónico que hizo directamente al Jefe de Gobierno con quien me encontraba en ese momento, diciéndole que no estaba en condiciones de seguir por motivos personales, por el nivel de presión no podía seguir al frente de la PM. Su madre estaba muy enferma, tenía muchas angustias", explicó.

Otros funcionarios

El ministro Montenegro también brindó explicaciones sobre la designación de otros altos funcionarios de la PM y las causas de su alejamiento tal el caso del ex comisario Osvaldo Chamorro, vice de Palacios al frente de la PM y tras la renuncia de éste su sucesor en la jefatura, actualmente involucrado en la causa judicial sobre las escuchas ilegales. También sobre el ex comisario Roberto Ontiveros, subjefe de Chamorro y a cargo del área investigaciones de la PM; y sobre el ex comisario mayor retirado Carlos Arturo Kevorkian designado el 23 de abril de 2009 como coordinador general de la PM.

Al diputado Basteiro respondió sobre los asesores Pascual Mazzeo un antiguo oficial de inteligencia de la PFA, y sobre los ex comisarios de esa fuerza Héctor Barúa, Ricardo Raúl Ferrón -actual comisionado de la PM- y el desempeño del especialista en comunicaciones y también ex comisario Eduardo Jorge Martino, en el Departamento Central de la Policía Federal durante la dictadura militar, y el ex comisario general Carlos Misurelli, otro de los funcionarios policiales pasados a disponibilidad en el año 2004 por el entonces ministro Gustavo Béliz.

En cuanto a la incorporación de los primeros policías a la fuerza, el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) solicitó la documentación sobre test psicológicos y los criterios de ponderación objetivos, que el Ministro dijo que existieron. Al respecto Montenegro dijo que cuando se tomó a este primer personal: "la policía no estaba activa, había necesidad de nombrar policías para hacer los delineamientos de los protocolos de actuación operativa de la policía". El mismo diputado le preguntó acerca de la designación de quien fuera el comisionado Colombo, a lo que el Ministro respondió no recordar el momento en que lo había conocido, pero que "cuando supo de los antecedentes penales lo expulsé de la fuerza, el sólo hecho de no haber hecho saber a los jefes que tenía una causa judicial ameritaba ser expulsado".

Convenio con la Universidad Tres de Febrero y mapa del delito

El diputado Rubén Campos (UCR) le preguntó respecto al convenio marco del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la Universidad de Tres de Febrero, en particular los motivos de la designación del personal y detalles de la transferencia presupuestaria.

Luego el diputado se refirió al Mapa del delito, a lo que el Ministro aseguró que este instrumento "se nutre con distintos productos" que elaboran distintas instituciones como la Procuración, la Policía Federal, el Ministerio de Justicia de la Nación, la Policía Metropolitana, entre otras. En tanto aseguró que se ha conformado una Comisión de Intercambio de la Información que él mismo integra. Dijo además que la información suministrada por esas instancias sirven para "configurar un mapa de riesgo, necesario para tomar las decisiones estratégicas que son más amplias" (que las decisiones operativas).

Más adelante, ante la consulta del diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) sobre el convenio con la Universidad Tres de Febrero para la elaboración de un mapa del delito y el motivo por el cual el comisionado Alejandro Parodi, encargado de elaborar un mapa del delito en la PM, no tenía información de los resultados de la universidad, Montenegro dijo no saber por qué desconocía la información y que "el Mapa del delito conveniado con la Universidad Tres de Febrero, tiene más de 8.000 fojas. Son 500 documentos relacionados con el mapa del delito, que es totalmente distinto y más amplio que el mapa del delito que hablaba ayer Parodi, que es una herramienta operativa".

Instituto de Formación y carrera profesional

Campos se interesó también por la carrera profesional del personal policial y por el inciso de riesgo profesional incorporado en el salario del personal que trabaja en calle. El ministro dijo que "el Instituto de Formación es una carrera profesional", luego agregó sobre este tema: "me interesa que los policías puedan subir con puntaje por estudios en universidades públicas o privadas". Marcando su postura en cuanto a la formación policial, asunto respecto del cual divergía con el criterio sostenido por el Jefe de la PM Jorge Palacios, Montenegro afirmó que el Instituto de Formación de la PM "tiene una marcada preparación civil", "los profesores son civiles", y que sólo en las materias específicamente policiales hay profesores policías.

Escuchas y Ciro James

El diputado Martín Ocampo (PRO) preguntó si "cuando llegó al gobierno encontró una organización paraestatal dedicada a las escuchas" a lo que Montenegro respondió: "encontré  muy pocas cosas en el Ministerio, eso seguro que no".

Epszteyn quiso saber, al final de la reunión si el ex ministro de Educación Mariano Narodowski "le comunicó que se comunicaba con James". "Él me hizo saber lo que declaró en la causa judicial, que James conformaba una actividad en el ministerio y que lo podía haber cruzado en los pasillos del ministerio", dijo Montenegro.

Otros temas

El diputado Cristian Ritondo (PRO) consultó a Montenegro sobre los riesgos de asumir la creación de la PM y su actuación en causas de Derechos Humanos. El Ministro manifestó que sabía que la creación de la PM "iba a ser y es compleja en cuanto al  sistema de organización de una fuerza, y el nivel de detalle que requiere su conformación, pero estoy convencido que es algo que una ciudad como Buenos Aires debe tener". En relación a su actuar en causas de Derechos Humanos, Montenegro contó, entre otras cosas, haber "dictado prisión preventiva para varios militares".

El interrogatorio se desarrolló en los términos del artículo 9º del reglamento interno de la CIE vinculado a su facultad de citar a prestar declaración a los funcionarios investigados antes de emitir su dictamen, los que gozarán de todas las garantías del debido proceso pudiéndose negar a declarar sin que ello sea considerado una presunción en su contra. Comenzó a las 18 y concluyó a las 21:05 horas. Previamente, por más de cinco horas había declarado el Jefe de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco.

De la audiencia realizada en el Salón Montevideo del Palacio Legislativo, y que fue presidida por el diputado Martín Hourest (Igualdad Social), participaron la secretaria Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), Diego Kravetz(Peronista), Marcelo Parrilli (Izquierda Unida), Cristian Ritondo, Fernando De Andreis,  Martín Ocampo, Lidia Saya y Martín Borrelli (PRO), Raúl Fernández (Encuentro Progresista), Daniel Amoroso (Unión Federal), Rubén Campos (UCR), Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y  Fabio Basteiro (Proyecto Sur). Además de los mencionados, integrantes de la CIE, participaron con su presencia diputados y diputadas de distintos bloques parlamentarios.

La Comisión Investigadora Especial (CIE) que indaga sobre las responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo en lo concerniente a la Policía Metropolitana (PM) y  su puesta en funcionamiento, y los hechos investigados en la causa judicial respecto a escuchas ilegales, comenzó hoy una nueva audiencia en la que declaró por más de cinco horas, el Jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco.

Quince minutos antes de las dos de la tarde comenzó a declarar el Jefe de la PM, Eugenio Burzaco, citado en cumplimiento del artículo 9 del reglamento de la CIE, que establece que la comisión deberá citar a prestar declaración al/los funcionario/os investigados antes de emitir su dictamen.

El diputado Fabio Basteiro (Proyecto Sur) comenzó el interrogatorio preguntando a Burzaco acerca del criterio de selección de los funcionarios de la PM. También le preguntó si va a comenzar una "investigación interna al comisionado Raúl Ferrón" por la denuncia del diputado Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) que señala que este policía intervino en una actuación violenta ilegal contra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e integrantes del mismo. La respuesta del funcionario fue: "si Parrilli me acerca una nota con información solicitándola, se avanzará en la investigación". Antes de finalizar el interrogatorio, el diputado del MST le entregó un copia de la nota que le fuera enviada al Ministro Montenegro con copia a Burzaco, según señaló, con fecha 28 de abril. En respuesta a otra pregunta de Basteiro, sostuvo que "los funcionarios de la PM van a concurrir cuando sean citados como corresponde", en referencia a los policías que fueron llamados a declarar y no asistieron.

Luego el Jefe de la PM realizó un breve informe acerca de la actuación de esa fuerza. A ese efecto aseguró que "hoy la PM cuenta con 1700 policías, de los cuales 450 se graduaron la semana pasada; fueron realizadas desde febrero hasta ahora 2.500 actuaciones, de las cuales 1.500 como auxiliares de la justicia de la ciudad, nacional y federal, 400 actuaciones relacionadas con violencia de género, 700 controles vehiculares y 210 detenidos", entre otras. En otro tramo de su intervención, respondiendo a preguntas de los diputados Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y Cristian Ritondo (PRO) dijo que casi 150 de los 1700 agentes trabaja en el área de investigaciones y 210 en criminalística, "trato de mantener los parámetros intencionales", aseguró el funcionario en relación al porcentaje de la fuerza que se desempeña en dichas actividades. También afirmó que "el 60% de la fuerza cobra un suplemento por estar activos en la calle, es un plus operativo" y que ese porcentaje no alcanza al personal del instituto superior o al que se encuentra en el área de comunicaciones.

A continuación, el diputado Diego Kravetz (Peronista) preguntó a Burzaco si estaba de acuerdo en que "este año, menos una licitación importante, todo lo que se compró fue por la caja especial", de dos millones de pesos. La respuesta de Burzaco fue que esta caja especial representa menos del uno por ciento del total del presupuesto. El mismo diputado le preguntó por otras compras, entre ellas, de las armas Beretta. El funcionario afirmó que en el año 2009 se compraron 800 y en este 1200 y que se habló con el fabricante para que recomponga una partida que tenía problemas con los cargadores de las armas. En cuanto a una falla en las "cachas", Burzaco dijo que era aleatoria y que no va "a mandar a ningún policía a la calle con una pistola que no funciona".

También preguntó por la compra de chalecos antibalas por las que, según afirmó el legislador, existe una denuncia porque no "tenían las capas suficientes de metal para proteger". Burzaco dijo desconocer la empresa a la que se compró, "la compra la hace otra área del Ministerio, no yo", que él encargó que el personal usara un chaleco sobre el uniforme y otro por debajo. Más adelante Raúl Fernández (Encuentro Progresista) se interesó por la compra de "equipamiento antidisturbios" a lo que el funcionario respondió que esos elementos son "necesarios para salvaguardar físicamente a ese personal, para protegerlo ante una situación de alto riesgo". Sobre la compra de Taser, el funcionario dijo que fue a una audiencia judicial para que se permita el uso de esta arma que, en sus palabras es "una herramienta alternativa a un arma de fuego", "permitida por el RENAR y que es utilizada en la Provincia de Córdoba, en la de Mendoza, en la Policía Federal y por Prefectura". 

El diputado Eduardo Epszteyn quiso saber acerca de la elaboración del Mapa del delito, en relación a la contratación que el Ministerio hizo, según afirmó el legislador, con la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la ONG Unidos por la Justicia, para, entre otros servicios, la "definición y alcances del mapa del delito" ya que la PM tiene un área para la elaboración de esa herramienta estadística. El Ministro afirmó que cuenta con un Mapa del delito construido en base a distintas fuentes de información, entre ellas, la Procuración nacional y de la Ciudad, de la encuesta de victimización y fuentes propias y que, en cambio, "el área de Parodi (quien testimonió en el día de ayer) lleva datos que recolecta de la PM".

Con respecto al personal de la PM, el diputado Fernando Sánchez (CC) consultó a Burzaco por la cantidad de gente que fue dada de baja en su mandato y los motivos. El jefe de la PM respondió que cambió "más de la mitad de la planta superior por no creerlos idóneos", y que la decisión la tomó luego de compartir diferentes etapas de trabajo con el personal. En total, el funcionario estimó que fueron despedidas entre "20 y 25 personas".

Prensa DGP legislatura Porteña