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Sábado, 13 de Noviembre de 2010 00:00

Escrito por Alejandro Sonich

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Este viernes respondieron preguntas de diputados y diputadas la Secretaria del Jefe de Gobierno Mauricio Macri, el Subsecretario de Administración de la PM y el ex Director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda -actual Subsecretario de Planeamiento y Control de la Gestión de la Jefatura de Gabinete.

La Comisión Investigadora Especial (CIE) que indaga sobre las responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo en lo concerniente a la Policía Metropolitana (PM) y su puesta en funcionamiento, y los hechos investigados en la causa judicial respecto a escuchas ilegales, realizó ayer una nueva audiencia en la que declararon la secretaria del Jefe de Gobierno, Ana Moschini, el Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana, Ignacio Greco, y el ex Director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, actual Subsecretario de Planeamiento y Control de la Gestión de la Jefatura de Gabinete, Edgardo Cenzón.

Ana Moschini, secretaria del Jefe de Gobierno

A las 11.25 comenzó a prestar testimonio la señora Ana Moschini, quien es secretaria del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ing. Mauricio Macri, desde 4 de febrero de 2008. Moschini ratificó su declaración efectuada en sede judicial respecto a llamados telefónicos realizados a la hermana y el cuñado del Jefe de Gobierno, así como sobre el envío de un correo electrónico a Sandra Macri. Dijo haber cumplido con directivas de su superior desconociendo el tenor de los motivos y las conversaciones previas y posteriores.

Ignacio Greco, Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana

A partir de las 11.45 declaró el Subsecretario de Administración de la PM, Ignacio Greco, quien fue interrogado sobre compras y contrataciones realizadas por su área vinculadas entre otras a 74 patrulleros con tecnología de última generación y en particular detalles del procedimiento de su blindaje. También lo interrogaron sobre la compra de 1.000 chalecos antibalas por valor de $ 1.879.000, que finalmente no fueron homologados por el RENAR y otros 400 chalecos antibalas, pistolas y munición de diversos calibres, combustible y equipamiento tales como un analizador de espectro y un generador de radio frecuencia. Además, los legisladores de la oposición pidieron precisiones respecto a los movimientos de la caja chica especial por un monto de dos millones de pesos. El funcionario, que presentó la documentación que le fue requerida, será citado nuevamente para que amplíe la presentación.

Edgardo Cenzón,  ex Director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda

Edgardo Cenzón, ex Director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y actual Subsecretario de Planeamiento y Control de la Gestión de la Jefatura de Gabinete, también respondió preguntas sobre los expedientes de compras directas de un software de inteligencia criminal y de equipamiento para la PM realizadas en el 2009.

Los diputados Kravetz, Fernández y Epszteyn le preguntaron al testigo acerca del sistema de compra directa y qué normativa fue aplicada. El declarante sostuvo que "aplicó la ley de compras 2095", agregó que "los expdientes tuvieron el aval de la Procuración de la Ciudad". Además respondió que fueron "las dos únicas compras" en la Ciudad realizadas por vía excepcional y explicó que "la justificación de la compra la dio el Superintendente de Seguridad avalando por qué quería que se compren" esos elementos.

El diputado Kravetz consideró que "no se cumplió con la ley 2095" porque esta norma establece que las compras deben ser publicadas en la página del Gobiero de la Ciudad. Por su parte, el diputado Fernández subrayó que desde su punto de vista, estas compras incumplieron con la Constitución de la Ciduad que establece que los "gastos son públicos".

Por su parte, el diputado Ritondo destacó que este mecanismo "es utilizable tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otros distritos para comparar elementos de prevención o patrulleros" y agregó que así se hace "en países democráticos", En tanto, el diputado Ocampo subrayó que "el interés público tutelado por la Policía Metropolitana" justificaba esa compra y finalizó afirmando que "al aprobarse la ley 2095 (de compras y contrataciones) se omitíó derogar el sistema de contrataciones anterior, decreto 5720, por lo que podía ser utilizado" y explicó que fue aplicado en la compra en cuestión.

Del encuentro realizado en el salón Montevideo ubicado en la planta baja del Palacio Legislativo, y que fue presidido por el diputado Martín Hourest (Igualdad Social), participaron Diego Kravetz (Peronista), Fernando Sánchez(Coalición Cívica), Marcelo Parrilli (Izquierda Unida) , Fabio Basteiro (Proyecto Sur), Cristian Ritondo, Fernando De Andreis,  Martín Ocampo, Carolina Stanley, Carmen Polledo y Martín Borrelli (PRO),  Juan Cabandié(EPpV), Raúl Fernández (Encuentro Progresista), Rubén Campos (UCR), Eduardo Epzsteyn (Diálogo por Buenos Aires) y la secretaria Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro). Entre los asistentes estuvieron el ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Montenegro y el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco.

Testigos citados para el lunes

Según la reprogramación de las fechas para la citación de testigos el próximo lunes deben comparecer ante la CIE el Dr. Luis Hipólito Alén, Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación; los miembros de la Policía Metropolitana Eduardo Martino, Jefe de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos, Roberto Jorge Cotz, Superintendente, Carlos Arturo Kevorkian, Superintendente de Investigaciones, Carlos Alberto Misurelli, Comisionado General; y los señores Alejandro Francisco Parodi y Gustavo Morón.